Accesibilidad, normalización y compras públicas

Imagen Accesibilidad y Compras públicas

Las normas técnicas de accesibilidad europeas ayudan a eliminar barreras que impiden a las personas con discapacidad y a las personas mayores su participación social en igualdad de condiciones y una vida autónoma e independiente. Cuando las normas se aplican en todos los Estados miembros, también mejoran el funcionamiento del mercado interior, eliminando obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios, y disparidades de criterios en la prestación de servicios públicos.

La Comisión Europea, a través de mandatos, ha encargado a los organismos europeos de normalización (Comité Europeo de Normalización (CEN), Comité Europeo de Normalización Electrónica (CENELEC) e Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) que desarrollen e incorporen normas técnicas o estándares de accesibilidad. Estos estándares se refieren en particular a:

  • accesibilidad para productos y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mandato 376), que dio lugar a la norma europea EN 301 549;
  • accesibilidad del entorno construido (Mandato 420), que dio lugar a la recientemente publicada norma europea EN 17210;
  • accesibilidad incluida en normativas relevantes, que afectan a las personas mayores y personas con discapacidad, para la aplicación de criterios de «diseño para todos» (Mandato 473), que condujo a la creación de la norma europea EN 17161;
  • accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles (Mandato 554), que actualizó la norma europea EN 301 549, actualmente de obligado cumplimiento para las Administraciones públicas (AA.PP.) españolas por estar integrada en el Real Decreto 1112/2018.

 

La armonización de normas es otro instrumento de la Unión Europea (UE) para homogeneizar criterios en todos los países  miembros. Una norma armonizada es una norma europea adoptada en base a una solicitud realizada por la Comisión Europea para facilitar la aplicación de la legislación de la UE en los 27 países, un ejemplo reciente es la Directiva europea sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, popularizada como Ley Europea de Accesibilidad

Las normas europeas armonizadas aparecen en el Diario Oficial de la UE y se abrevian con las letras «HEN». Las organizaciones y empresas pueden seguir normas armonizadas para demostrar que cumplen con la legislación de la UE.

La Directiva europea entró en vigor el 27 de junio de 2019 y los Estados miembros tienen tres años para transponerla a la legislación nacional, es decir, introducir una nueva legislación nacional o actualizar la existente para cumplir con la Ley. Los países de la UE deben comunicar el texto de dicha legislación nacional a la Comisión Europea. El plazo de transposición establecido es el 28 de junio de 2022.

El sentido de exigir la accesibilidad en las compras públicas

Los principales instrumentos legislativos de la UE para regular la accesibilidad (la Directiva de Accesibilidad Web, la Directiva Europea de Accesibilidad para productos y servicios y las Directivas de Contratación Pública) mencionan la posibilidad de utilizar normas técnicas de accesibilidad. La Comisión alienta a todas las partes interesadas, Administraciones públicas, empresas y a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las personas con discapacidad y personas mayores, a participar en los grupos de trabajo de normalización para que sea un proceso ampliamente participativo y democrático.

La UE también trabaja con otros agentes clave de la normalización para mejorar la accesibilidad a nivel internacional.

Cada día un mayor número de personas se beneficia de las tecnologías, entornos, productos y servicios accesibles. La accesibilidad no sólo favorece a las personas con discapacidad y personas mayores, también facilita la vida a gran parte de la población.

Las Administraciones públicas tienen la responsabilidad de promover entornos, productos, bienes y servicios accesibles para todos. Las compras públicas suponen una gran parte del mercado. Si las licitaciones de las Administraciones públicas no tienen en cuenta la accesibilidad, se estará financiando la discriminación. España y la mayoría de los países europeos han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y deben asegurar que se cumple el criterio de la accesibilidad universal y el principio de no discriminación. En España se han incluido los criterios de la Convención en la legislación nacional a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Europa tiene un gran compromiso para responder a los retos de innovación social y tecnológica a través de las compras públicas. En este sentido, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, incluye cláusulas sociales y de accesibilidad para aprovechar el impacto que tienen las licitaciones públicas.

EL Observatorio de Contratación Pública indica que la contratación pública supone, en España, aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto (PIB).

Exigir por defecto el cumplimiento de criterios de accesibilidad en los concursos públicos beneficiará a muchas personas que necesitan instalaciones, productos y servicios accesibles; asegurará la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos; y obligará a muchas empresas a ser competitivas, innovadoras y a responder mejor a las demandas de los consumidores.

Al incluir buenas prácticas de accesibilidad en las compras públicas, los gobiernos pueden predicar con el ejemplo, fortalecer el mercado de la accesibilidad, impulsar la innovación y, sobre todo, velar por el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

El camino requiere el compromiso de todas las personas con responsabilidad en las políticas y procesos de compras públicas y el apoyo de muchas entidades para facilitar este proceso.

El contexto post COVID-19, una oportunidad para las Administraciones públicas

La Estrategia Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030, recientemente publicada, indica que la Comisión Europea proporcionará orientaciones prácticas a los Estados miembros para apoyar la aplicación de las obligaciones de accesibilidad a través de directivas sobre contratación pública y promoverá la formación de los compradores públicos para que compren productos accesibles.

Asimismo, las normas de la UE hacen que los requisitos de accesibilidad sean obligatorios para que los Estados miembros se beneficien de los fondos de gestión compartida, y la compra de bienes, servicios e infraestructura accesibles es una obligación en la contratación pública. También anima a los Estados miembros a integrar la financiación de la accesibilidad en los planes de recuperación y resiliencia.

En el caso de España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”, hace referencia a la inversión para la aplicación de criterios de accesibilidad de forma transversal en todos los entornos – físicos y virtuales- a través del futuro “Plan España País Accesible”. También hace una especial incidencia en la aplicación de la accesibilidad en los productos y servicios digitales, en los sistemas de salud y en cualquier tipo de servicio público.

La disponibilidad de los Fondos Europeos de Recuperación y la implantación de la Directiva Europea de Accesibilidad en productos y servicios deben ser en los próximos años los precursores de un avance real de la accesibilidad universal en España y, en consecuencia, de una mejor calidad de vida, participación social y autonomía personal de las personas con discapacidad y personas mayores.   

La accesibilidad debe entenderse por las Administraciones públicas como un derecho de todos y debe estar incluida por defecto en las compras públicas.

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